Samuel Arias Barahona.
Texto y fotos.
Cárdenas, 10 de mayo.- No sólo es la contaminación que denuncian habitantes del ingenio azucarero “Santa Rosalía”, sino que además, por mucho tiempo, pobladores de las rancherías Santanas han pedido que autoridades de la Secretaría de Salud y protectoras del medio ambiente y recursos naturales, intervengan para frenar la mortandad de peces que provoca la factoría.
Fundada en 1968, esta industria perteneció a sociedades mercantiles en quiebra, por lo que en septiembre de 2001 pasó a ser propiedad de la nación por el Decreto Expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación y más tarde, en noviembre de 2009, aprobaron la desincorporación del régimen de dominio público, autorizaron la venta y ahora está en manos del Grupo Beta San Miguel.
En las Santanas, quienes conocen la historia del ingenio, como Germán Martínez, refieren que desde el inicio de su operación hasta la actualidad, en cada zafra vierte contaminantes a un dren que se conecta al río del mismo nombre de las comunidades, como la sosa cáustica, que es un hidróxido de sodio que se encuentra comúnmente en limpiadores de desagües y hornos, además de otros componentes químicos, utilizados en la limpieza de sus equipos.
Los contaminantes escurren al dren, de donde salen a temperaturas altas, según el vapor que se observa, siguiendo su canal y convirtiendo el agua del río Santana en color café oscuro, con lodo impregnado de sintéticos, y en las orillas y bajo el lirio acuático, muchos peces muertos.
Son especies muy pequeñas, en las que también se contemplan otras, como los de concha, piguas y caracoles, se pudren y al calor de sol el ambiente se torna pestilente, la población dice que sufren enfermedades respiratorias, incluso, hasta cáncer.
Pero hace muchos años que está la denuncia de que el ingenio "Santa Rosalía" contamina el caudal a partir de que arroja sosa cáustica, que entre otros químicos, matan las especies que unos quinientos habitantes capturan para sobrevivir, pues la pesca es una de las principales actividades económicas que ellos tienen.
Hasta ahora, la factoría sigue arrojando impunemente esos químicos, pues a pesar de las recurrentes quejas de los habitantes de las márgenes de la mencionada rivera, ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ni la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), han intervenido y menos, la Secretaría de Salud del Estado, para prevenir enfermedades que contrae esta problemática.
Así lo aseguran los que sufren esta situación generada por una industria que lejos de ayudarlos, les causa daños permanentes.
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